Posteado por: Las noticias del océano | marzo 4, 2015

México en riesgo de certificación de EU por mortandad de tortugas

Los grupos ambientalistas exhortan al gobierno mexicano a elaborar e implementar un ordenamiento pesquero en la región para evitar pesca accidental de tortugas. Foto: Profepa/Archivo.

Los grupos ambientalistas exhortan al gobierno mexicano a elaborar e implementar un ordenamiento pesquero en la región para evitar pesca accidental de tortugas. Foto: Profepa/Archivo.

4 de Marzo de 2015 (Estefanía Camacho). México – Estados Unidos decidió postergar el decreto de embargo pesquero contra México con motivo de la mortandad de tortugas caguama en el Golfo de Ulloa en Baja California Sur. En caso de que este país decida llevar a cabo el decreto del embargo, podría representar un alto riesgo para el país por las graves consecuencias económicas que representaría, según explicó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

“El gobierno de Estados Unidos pospuso hasta mayo de este año su decisión de certificar a México y evitar sanciones comerciales de al menos 400 millones de dólares debido a la mortandad de tortugas caguama en el Golfo de Ulloa”, explica la organización civil.

El CEMDA junto a Defenders of Wildlife calificaron de unilaterales e injustas las sanciones que prevé el gobierno de Estados Unidos, por lo que exhorta al gobierno de México a elaborar e implementar de manera urgente y efectiva un ordenamiento pesquero en la región.

El gobierno de México propuso el establecimiento de una zona de refugio para las tortugas caguama y demostró el progreso hacia la adopción de un programa regulador de captura incidental, según el reporte bianual de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) para el Congreso de los Estados Unidos.

Por lo que el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas (NFMS) retrasó su certificación hasta mayo de 2015 para determinar si dicha regulación es comparable en eficacia a medidas regulatorias de Estados Unidos.

El anterior reporte de la NOAA, identificaba a México como un país que captura especies protegidas como las capturas incidentales registradas de tortugas marinas en Baja California Sur.

Además, el gobierno mexicano reportó entonces la muerte de 438 tortugas amarillas en playa San Lázaro entre julio y agosto del 2012, lo cual representó un indicador de que la mortandad es mucho mayor y viola la ley de moratoria a la pesca con redes de deriva en altamar.

Estados Unidos basó su decisión principalmente en informes técnicos del Inapesca sobre la captura incidental de tortugas, que indica que en promedio se capturan 2 en redes agalleras e informes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre discusiones de la situación de la tortuga caguama en Baja California Sur en donde se informó de mortandad de las 438 tortugas.

De acuerdo a la NOAA, luego de dos años del incidente, el gobierno mexicano no logró solventar el problema.

A pesar de que las autoridades conocían el proceso de evaluación para el decreto de Estados Unidos, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) en México no hizo ningún esfuerzo para implementar un ordenamiento pesquero en la región, ni para evitar un embargo pesquero, explica Alejandro Olivera, coordinador de políticas públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, sede noroeste.

“No han hecho su trabajo para regular las pesquerías y detener la captura incidental de una especie en peligro de extinción. Si llega un embargo por parte de Estados Unidos, será culpa de la Conapesca”, declaró Juan Carlos Cantú, director de programas de Defenders of Wildlife de México.

Las investigaciones a cargo de un grupo de expertos en México analizan las posibles diferentes causas de la mortandad de tortugas y verifica los nuevos sistemas de pesca, pero estiman por lo menos un año más de investigación, ya que durante los primeros años no se arrojaron datos contundentes que favorecieran la situación de México.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Defenders of Wildlife de México han solicitado la intervención del gobierno para solventar la problemática de las tortugas desde el 2007 y rechazaron cualquier medida unilateral como un embargo, ya que consideran que no es la solución.

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